Mérida, Yuc., miércoles 15/04/2026.- Un caso documentado en un hospital público de Mérida, donde un paciente con cáncer habría recibido un medicamento presuntamente falsificado, encendió la alarma en el sistema de salud y desató un enfrentamiento político en el Congreso del Estado.

El diputado del PAN Yucatán, Álvaro Cetina Puerto, llevó el tema a tribuna y advirtió que el problema ya no se limita al desabasto, sino a la autenticidad de los fármacos. Señaló que el caso ocurrido en el Hospital Regional del ISSSTE evidenció una cadena de fallas en la adquisición, supervisión y aplicación de medicamentos, lo que —afirmó— representa un riesgo directo para la vida de los pacientes.

Ante ello, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Salud, la Ley de Adquisiciones y el Código Penal Federal, con el objetivo de establecer controles más estrictos. Entre las medidas destaca la creación de un Sistema Nacional de Trazabilidad de Medicamentos para rastrear cada unidad desde su origen hasta su aplicación, así como sanciones penales contra quienes participen en la falsificación o distribución de insumos irregulares.

Además, el PAN Yucatán puso a disposición asesoría legal para promover amparos gratuitos a pacientes afectados por desabasto o irregularidades, y exigió transparencia en los procesos de compra y distribución en el estado.

En respuesta, la Bancada del Pueblo de morena rechazó los señalamientos y acusó al PAN de promover desinformación con fines políticos. Desde tribuna, la diputada Clara Paola Rosales Montiel sostuvo que las declaraciones de la oposición carecen de sustento y forman parte de una estrategia mediática.

La legisladora afirmó que los antecedentes de medicamentos falsificados se originaron en administraciones pasadas encabezadas por el PAN, y señaló que en ese periodo no se atendieron los problemas estructurales del sistema de salud. También defendió que, actualmente, tanto el gobierno federal como el estatal han fortalecido la vigilancia sanitaria y actúan ante cualquier irregularidad.

Morena respaldó las acciones de la COFEPRIS y del gobierno estatal, asegurando que existe una política de cero tolerancia y que cualquier anomalía debe investigarse y sancionarse conforme a la ley.